Bien saben los abogados que un ‘paro’ es un cese ilegal de actividades laborales y que las consecuencias son procesos penales y disciplinarios que no constituyen de modo alguno persecución laboral, sino el debido proceso contra quienes con sus actuar ilegal quebrantan la Constitución.
Así las cosas, la organización ‘Sed de Justicia’ apoya a los funcionarios judiciales en sus peticiones laborales, pero, reprocha el medio utilizado por los funcionarios toda vez que pueden acudir a las vías ordinarias que ofrece el Derecho para la consecución de sus pretensiones, es decir, el propio ordenamiento jurídico les ofrece a los funcionarios judiciales las vías de derecho sin necesidad de acudir a medios tan violentos como un paro judicial, pues es una vía de hecho que lacera como espada de doble filo derechos fundamentales de los ciudadanos, desamparando así a quienes deben acudir a las acciones de tutela, a los niños que esperan que un juez les proteja el derecho a alimentarse y todos aquellos derechos fundamentales que se encuentran bajo la protección del servicio público esencial de la administración de justicia. La administración de justicia es un servicio público de carácter esencial y no se puede permitir que las mismas autoridades que lo administran sean quienes promuevan un cese ilegal de actividades, claro está que el Derecho es una ciencia que exige a los abogados y con mayor razón a jueces y magistrados una máxima de responsabilidad social.
La organización ‘Sed de Justicia’ apoya los derechos laborales que pretenden los funcionarios judiciales, pero igualmente reprocha que mientras exigen mejoras laborales nada hacen para mejorar el servicio de la administración de justicia, observamos con preocupación los procesos constitucionales como la tutela y las acciones populares donde los funcionarios muestran una especial aberración pues no les basta la lentitud de los procesos sino que además profieren una serie de fallos que atentan contra los derechos humanos.
Los funcionarios judiciales exigen prebendas pero no son recíprocos con la ciudadanía, pues la gran mayoría de funcionarios, casi todos ellos con orígenes de provincias deprimidas social y económicamente, reflejan su resentimiento social desquitándose con el abogado litigante y con el ciudadano quien clamando justicia solo encuentra la injusticia que imparten estos funcionarios. La organización ‘Sed de Justicia’ clama justicia a los funcionarios judiciales solicitándoles de manera respetuosa que reflexionen en esta jornada de cese ilegal de sus actividades laborales, de tal forma que exijan pero gánense las pretensiones que claman siendo excelentes profesionales, esto es aprobando sus exámenes calificatorios y garantizando, promoviendo y desarrollando como representantes del Estado colombiano la protección de los derechos humanos.
Óscar Santodomingo Payeras
Presidente Organización
Sed de Justicia
(Publicado en el diario El Heraldo de Barranquilla Colombia,http://www.elheraldo.com.co/ELHERALDO/BancoConocimiento/A/alecto16sep/alecto16sep.asp?CodSeccion=16)